Disciplinary faculty against elected officials
DOI:
https://doi.org/10.35622/j.rg.2023.01.001Keywords:
disciplinary sanction, state contracting, public official, popular election, jurisdictional functionAbstract
The Attorney General's Office is a national administrative entity, serving as the highest body of the Public Ministry. This entity, within its functions, has to represent ordinary citizens, exercising control over public servants, through the disciplinary power, which by virtue of both the law and the 1991 Constitution has been conferred on it. It is the entity with preferential power, in charge of investigating, advancing processes and sanctioning public servants, including those who have been elected by popular will, expressed through the vote; which, in the performance of their duties, commit disciplinary offenses enshrined in Colombian law, within which are framed as such, the violation of the general principles of State Contracting. This disciplinary power was found in suspense according to the decision adopted by the Inter-American Court of Human Rights in relation to the Petro Urrego vs. Colombia case, where it was indicated that the administrative entity lacks total competence to sanction public officials of popular election. in Colombia, in accordance with article 23 of the American Convention on Human Rights; For this reason, it was proposed to find out what limits added to this are presented to the Attorney General's Office when it comes to sanctioning the aforementioned officials, when they violate in some measure the general principles of state contracting?
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